El fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, inició la investigación el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada en Madrid por parte de la Federación de Vecinos de Valladolid. Así, el edil mayor de la ciudad ha sido acusado de la concesión de licencias de edificabilidad a los áticos que Caja Duero posee en un inmueble ubicado en la Plaza Zorrilla y que fueron construidos por la empresa Edificasa 2000, habiendo sido estos declarados ilegales en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El presunto implicado, que ostentaría los cargos de alcalde y vicepresidente del consejo de administración de Caja Duero en el momento de la concesión, adquirió posteriormente una vivienda en el piso séptimo del mismo edificio, donde actualmente reside. Los denunciantes afirman que la compra se llevó a cabo mediante un crédito hipotecario de Caja Duero pocos días después de la concesión de la licencia de obra. La fachada del edificio resultó asimismo remodelada, a pesar de estar protegida por el Plan Especial del Casco Histórico.
No es la primera vez que el dirigente es llamado a testificar por este tipo de causas; ya el pasado jueves 12 de julio acudió a declarar a un juzgado de la ciudad que gobierna al hallarse inculpado por las presuntas irregularidades en modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 en beneficio de ciertas acciones urbanísticas.
Además del alcalde, dos arquitectos deberán también prestar declaración el 26 de octubre, el técnico municipal Luis Á. A. (presunto implicado en la causa del PGOU), e Isidro M.C., persona encargada de la redacción externa de las obras de restauración con posterioridad a 2010.
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