Ana Moreno ha señalado que “la aprobación de la Ley 14/1986 General de Sanidad trajo a España la protección social y sentó las bases para uno de los pilares más apreciados del Estado de Bienestar. El concepto de atención integral a la salud, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial constituyen los grandes paradigmas del Sistema Nacional de Salud”.
“En una sola legislatura, el PP ha llevado a cabo políticas como la ruptura del principio de universalidad del sistema sanitario eliminando el acceso universal como derecho para todas las personas que residan en España, dejar fuera de la asistencia sanitaria a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, a españoles y españolas en situación de desempleo que salen de España durante más de 90 días, eliminar definitivamente el Fondo de Cohesión Sanitaria, imprescindible para garantizar la atención a pacientes entre comunidades autónomas, ampliar el copago farmacéutico, que por primera vez afecta a los pensionistas y subir el IVA a productos sanitarios del 10 al 21% dificultando el acceso de los ciudadanos a dichos artículos”.
Para la candidata socialista, “el resultado de todo lo anterior es que hay cada vez más desigualdad en el acceso a la salud y se ha causado graves perjuicios a los colectivos de población más vulnerables, como son, por ejemplo las personas mayores, los enfermos crónicos o las personas inmigrantes”.
“Ante esta dura realidad, el PSOE quiere trabajar por recuperar el carácter público, universal y de calidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo políticas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades”, ha dicho Ana Moreno quien ha desgranado algunas de las propuestas de los socialistas como “promover una nueva Ley General de Sanidad que se adapte a los nuevos escenarios económicos y sociales y que evite las desigualdades sociales en salud y proteja el sistema sanitario público, para que no vuelva a estar en peligro y reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario, sometido a controles de transparencia y calidad, así como una evaluación pública”.
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