IU de Ávila insiste en defender la sanidad como derecho ante el negocio del PP

Izquierda Unida de Ávila, a través de su secretaría de Sanidad, pone en el centro de atención en este inicio de curso político la necesidad de defender “entre todos” la concepción de la sanidad “como un derecho de los ciudadanos y no como un negocio, como pretende el Partido Popular”.

Así lo manifiesta Teresa López Alija, responsable de la secretaría de Sanidad, que pide a las instituciones públicas “ponerse al frente de las reivindicaciones de los ciudadanos y ciudadanas para defender un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito”, principios básicos “que se encuentran en serio peligro por los recortes presupuestarios y el afán privatizador del Partido Popular”.

Una demanda en la que Izquierda Unida de Ávila resalta el importante recorte presupuestario realizado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en asistencia primaria y que entre 2010 y 2014 ha supuesto en el territorio castellanoleonés un recorte de 328.408.184 euros, un 24% del presupuesto. “Un severo recorte que ha supuesto una pérdida de calidad en la atención sanitaria y que día a día está siendo constatada por los ciudadanos y ciudadanas, mucho más tras un verano en el que no sólo se han cerrado 49 camas en Ávila, sino que ha supuesto a los profesionales asumir una mayor carga de trabajo por la falta de sustituciones por vacaciones y bajas laborales”. Un “exceso de trabajo” que denuncia Teresa López “repercute en la atención a los pacientes”.

Atención que en el caso de las especialidades y pruebas complementarias “se ha visto especialmente deteriorada”. Porque, como se denuncia desde la secretaría de Sanidad de Izquierda Unida de Ávila, “estamos encontrando listas de espera en algunas especialidades de más de seis meses, como ocurre en el centro de salud de Arenas de San Pedro, donde a principios de verano se estaban dando citas para marzo de 2015 en Traumatología”. Una situación “provocada desde el Partido Popular, que está derivando pacientes a la sanidad privada para la realización de pruebas diagnósticas” lo que para la responsable de la secretaría de Sanidad “es una clara apuesta por buscar llenar los bolsillos de la sanidad privada antes que invertir ese dinero en mejorar la dotación de medios materiales y humanos de lo público”.