Dña. Mª Montserrat Barcenilla Martínez, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Castilla y León en el Ayuntamiento de Ávila, a tenor de los establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Sociales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración si procede, la presente proposición que deberá incluirse expresamente como punto del orden del día de la primera sesión que se convoque.
Es sabido, reconocido y manifiesto que todo proceso de privatización lleva consigo un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, entre otras razones, desde Izquierda Unida rechazamos el afán privatizador de las políticas neoliberales.
Y es que privatización, liberalización, reformas laborales, rebajas salariales, reformas de pensiones y un largo etc. son todas medidas que forman parte de una misma estrategia sustentada en la lógica del beneficio privado, que tiene como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras y cuyos únicos beneficiarios son los grandes lobbys empresariales y financieros.
Sin embargo, desde lo público, la atención debiera estar puesta en la calidad de los servicios, las condiciones en las que son prestados y el propio papel de la administración como garante de ambas cosas. La administración es la última responsable de la prestación de dichos servicios públicos y, por lo tanto, de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas, de forma directa o indirecta.
Sigue siendo obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida dignas a los ciudadanos y ciudadanas. Y esas condiciones de vida, dependen en gran medida, de las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora. De su salario depende cubrir sus necesidades básicas y poder desarrollar un proyecto vital. Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral promovida por los propios poderes públicos. Por ello, este Ayuntamiento, no puede permanecer ajeno a las consecuencias que estas privatizaciones tienen sobre la vida de las personas. Este Ayuntamiento no debe promover condiciones laborales precarias en la prestación de sus propios servicios municipales.
En consecuencia se hace necesario tomar medidas urgentes que, dentro de los escasos márgenes que la legislación de Contratos del Sector Público permite, establezcan mecanismos que impidan la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA:
1. Encargar a los servicios técnicos municipales el estudio y redacción de las cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de contratación de este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas, unas condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
2. Adquirir el compromiso de aplicar a los nuevos pliegos de contratación dichas cláusulas.
3. No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas.
Si (
No(
