Es absurdo dilatar más lo inevitable

La formación de izquierdas contradice la respuesta ofrecida por María Victoria Moreno, que afirmaba tener tres meses para hacer frente a una sentencia por irregularidades en un proceso de selección laboral.

“Según la reforma de la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal se marca un plazo de 2 meses para ejecutar una sentencia en firme” . “El Ayuntamiento de Piedralaves, con su alcaldesa a la cabeza, María Victoria Moreno, deben ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por irregularidades en un proceso de selección de personal laboral llevado a cabo por el consistorio.

 Y debe hacerse de forma inmediata porque, contrariamente a lo que ha respondido la alcaldesa del Partido Popular a la denuncia de Izquierda Unida, no son tres meses lo que tiene para ejecutar una sentencia en firme sino dos”. Es la puntualización, la advertencia y la denuncia que vuelve a realizar José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida, que insiste en que “el Ayuntamiento de Piedralaves está en la obligación de volver a sacar a concurso, con todas las garantías de transparencia y equidad, la plaza de peón de usos múltiples ante la arbitrariedad del anterior proceso de selección y la vulneración de los criterios de igualdad”.

Consultados los asesores legales, Izquierda Unida  recuerda que el plazo para ejecución de una sentencia en firme es de dos meses según marca la reforma de la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, por el que, tras acusar el recibo de la sentencia, “se tienen dos meses para ejecutar el fallo”, según marca el artículo 105.1, “que advierte que de no llevarse a cabo será responsabilidad personal y directa de los agentes de la administración” apunta José Alberto Novoa, que deja claro que “el ayuntamiento ya debería haber actuado, y de no hacerlo se está incurriendo en una situación de responsabilidad penal de posible delito de desobediencia”.

Ante ello Izquierda Unida de Ávila reclama a la alcaldesa de Piedralaves “no dilatar más en el tiempo la ejecución de una sentencia que pone de manifiesto que se han saltado todos los procedimientos administrativos”.