El motivo es la propuesta aprobada en el pleno celebrado en enero de 2013 para solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración oficial de zona libre de lobos.
La denuncia se dirige, por una parte, al presidente de la institución, Agustín González, pero también a todos aquellos diputados, tanto del PP como del PSOE, que lo aprobaron (IU y UPyD se abstuvieron).
“Queremos recordar que hubo 23 votos a favor [16 del PP y 7 del PSOE] de esa cosa que se sabía que se aprobaba y que era totalmente ilegal -ha denunciado Domínguez-. Sumaron esfuerzos en un bipartidismo anti lobo para aprobar una norma que es absolutamente ilegal desde el punto de vista de la Unión Europea y de las personas que tenemos sentido común”.
En opinión del máximo representantes de este colectivo, “es imposible, irreal y vergonzoso que se pida que Ávila sea una Zona Libre de Lobos”. “Sabemos que son eufemismos detrás de los que hay una extinción programada de una especie que para toda la provincia de Ávila no supera los 30 ejemplares –ha dicho antes de entrar en los juzgados-.
Quien promueve todo esto son organizaciones agrarias, como UPA y COAG, y contra ellos legalmente no se puede ir en este caso; pero ellos sí consiguen convencer a los representantes políticos de Ávila para tomar una decisión a sabiendas de que ésta es ilegal”.
Hay que recordar que, tal y como dio a conocer UPyD en abril de 2013, la Fiscalía de Ávila inició diligencias informativas penales y requirió un informe detallado a la Diputación Provincial por aprobar en un pleno la solicitud de la declaración oficial de zona libre de lobos.
En Lobo Marley consideran que la especie “debe ser catalogada en peligro de extinción” y, por lo tanto, “protegida por la ley en todo el territorio nacional”. “No consideramos que todos los ataques al ganado que se producen en la provincia de Ávila sean protagonizados por el lobo”. En este sentido, han pedido a la Unión Europea médicas científicas, como las pruebas de ADN, para verificar la autoría de los ataques.
Si (
No(
