La APDEF informa en Ávila a los preferentistas

El motivo de la reunión era informar sobre los servicios de esta asociación y poder iniciar acciones legales contra las cajas o bancos que les vendieron estos productos

En concreto, en la reunión que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de la ciudad con un aforo de más de 160 personas, la letrada abulense Ana Domínguez, junto con representantes de APDEF y de Vidau, ha recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos de manera personalizada, ya que la principal premisa de la asociación es la "personalización y cercanía".

Según el letrado responsable de Vidau Abogados, Carlos Martín, en Ávila "se estima que hay cerca de 3.000 personas perjudicadas por la compra de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas a Caja Ávila".

De hecho, durante la reunión, en la que ha estado presente el presidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, Francesc García Rafanell, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos en concreto que adquirieron y "bajo qué condiciones".

Así Martín ha descrito lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, "sobre todo cajas", que permitieron aumentar su capital y solvencia "a costa de los pequeños ahorradores". Para los que aún no los conozcan se trata de "un híbrido entre acciones y depósito, con la diferencia de que quienes las poseen no tienen derecho a votaciones en reuniones y son productos perpetuos, es decir, no verán de vuelta su capital", señala Carlos Martín.

En cuanto a las obligaciones subordinadas, éstas significan un cambio en la garantía de cobro, ya que sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad. Se vendían como si fueran depósitos a plazos cuando se trataba productos mucho más complejos, según Martín.

"Ambos productos son complejos y de riesgo. Es más, en el resto de países de la Unión Europea, vender estos paquetes a minoristas es una práctica prohibida, y en cuanto el Parlamento supo que en España se estaba haciendo le puso punto y final", destacaba Martín este lunes.