Un funcionario de la prisión de Brieva, acusado de facilitar un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, ha negado su implicación en este caso ante el juez. Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. El funcionario enfrenta cargos por cohecho, relacionado con un supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa. La noticia se desarrolla en el contexto judicial y penal en Castilla y León.
