“Desde que se creó, la provincia de Ávila ha pagado a la Junta de Castilla y León por este impuesto más de 1,9 millones de euros”, cantidad que ni en el Consorcio Zona Norte ni en el Consorcio del Valle del Tiétar se tiene constancia que haya repercutido “en ninguna planta de tratamiento de residuos, ni para mejorar el reciclaje, ni en nada”, denuncia Santiago Jiménez en una visión que asegura comparten el resto de formaciones políticas.
Una retirada que repercutiría en una reducción de la tasa de basura de los ciudadanos en un 15 por ciento aproximado. “Si lo retiramos, el ciudadano pagaría menos”. Ciudadanos, detalla Santiago Jiménez, “a los que precisamente se les penaliza con un impuesto por cumplir con la ley y el reciclaje”.
“La Junta se inventó este impuesto en 2012 por la necesidad que había de dinero, con un fin aceptable, pero cuatro años después sólo ha demostrado un afán recaudatorio precisamente con aquellos ciudadanos que cumplen con el reciclaje”, pues se trata de un impuesto semejante al que puso en marcha el Ayuntamiento de Ávila, la famosa Tasa de Tratamiento y Reciclaje de Residuos.
La moción que defenderá Santiago Jiménez en el pleno del mes de abril espera lograr el acuerdo unánime de todos los grupos para solicitar a la Junta de Castilla y León la eliminación de un impuesto que se creó en 2012 “y que no ha cumplido con su fin, que era financiar actuaciones medioambientales”. De eliminarse “los ciudadanos pagarían un 15 por ciento menos de su actual tasa de basuras”.
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