Izquierda Unida de Castilla y León pedirá explicaciones en la Junta de Castilla y León por la concesión del servicio de comedor escolar en Ávila a la empresa “que peores calificaciones recibió a la carta de menús ofertados”. Una situación que recientemente denunciaba la Plataforma de Familias por la Educación Pública de Ávila y ante la que José María González, procurador de Izquierda Unida de Castilla y León en las Cortes, ha decidido intervenir. Porque como denuncia González en el escrito registrado ante la Cámara “la empresa de cátering Aramark se vio favorecida por haber presentado la oferta más baja, aunque la carta de menús ofertados recibió las peores calificaciones. Siete céntimos de ahorro por menú han determinado que los escolares reciban una alimentación de menor calidad que las ofertas de otras empresas”. Una situación que pone en entredicho la respuesta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que aseguraba que la oferta de la empresa privada encargada de los menús escolares “no supone una merma de la calidad”. Una respuesta que se contradice con las calificaciones recibidas en el proceso de adjudicación, en la que ha quedado plasmado que la Junta de Castilla y León, lejos de ser un “referente nacional en lo que a alimentación se refiere”, como ellos mismos señalan, ha decidido priorizar en este caso la oferta económica sobre lo que debería ser la verdadera preocupación, y que no es otra cosa que la calidad del servicio y la alimentación de los más pequeños.
Es por todo ello que ante la indiferencia que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular han mostrado hacia los escolares que acuden a las escuelas públicas, Izquierda Unida de Castilla y León preguntará a la Cámara por la vigilancia de la calidad y la suficiencia de los alimentos servidos a los escolares en los comedores de las escuelas públicas a lo largo del curso. “¿Velará la Junta por ello?” señala José María González en una batería de preguntas que también cuestiona el propósito de transparencia en unos procesos de adjudicación de los servicios de comedores escolares donde las AMPAs y el Consejo Escolar no tiene participación o por la posibilidad de que profesores y padres y madres de familia controlen los menús servidos en los comedores. Todo ello en una polémica en la que el Partido Popular ha querido primar el ahorro económico sobre la correcta alimentación de los niños.
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