La 'Ciudad del Golf' cumplía los requisitos

Así lo aseguraba la secretaria técnica de la Ponencia, Amaya P. L, encargada de vigilar que el procedimiento llevado a cabo en este órgano fuese el correcto y quien ha declarado este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid durante el juicio que se sigue por el caso de la 'Ciudad del Golf' en donde se sientan en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch que se enfrentan a ocho años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público.

En la segunda sesión del juicio han declarado varios técnicos, entre ellos Amaya P. L, quien trabajaba en 2003 en la Delegación de Medio Ambiente de Ávila donde se tramitó el proyecto de la 'Ciudad del Golf' de Las Navas del Marqués y en calidad de secretaria técnica asistió a la Ponencia de Evaluación Ambiental con voz pero sin voto.

Según su relato recogido por Europa Press, la duda que surgió al evaluar el proyecto es la afección que podía tener al “tocar” una zona del Área Crítica' de la Cigüeña Negra, por lo que se elevó una consulta a los Servicios Centrales de la Junta y se solicitó un informe de la Dirección General del Medio Natural que resultó favorable.

Tras recibir este informe, en una segunda sesión de la Ponencia se concluyó que el proyecto “cumplía todos los requisitos medioambientales”, los únicos en los que se centraba este órgano, que no analizó cuestiones jurídicas, aunque sí se hizo constar en el acta de la reunión que algunos de sus integrantes no estaban conformes de cómo se había hecho la exclusión del “Área Crítica” de 11,6 hectáreas de las 210 que comprendía el proyecto.