La Junta de Castilla y León ha reconocido que la trascendencia a la factura del usuario de la ecotasa para la producción de energía eléctrica no es un hecho positivo, pero que se plantea como una necesidad nacional. El gravamen viene fijado por el Decreto-Ley de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
La ecotasa se aplicará como un impuesto propio de la Comunidad y se designa como finalista, puesto que se dedica a objetivos específicos de interés para la Región. La tasa grava el daño ambiental causado por el aprovechamiento hidroeléctrico, el funcionamiento de parques eólicos y el transporte de electricidad a través de redes de alta tensión. La recaudación rondará los 60 millones de euros, de los que 40 corresponden a los embalses, 5 al transporte y 15 a las infraestructuras de energía eólica. La cuantía percibida será destinada a la financiación de obras medioambientales, de abastecimiento y de eficiencia energética en parques empresariales y tecnológicos.
En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta, ha afirmado que prefiere esperar a conocer el desenlace definitivo de su aplicación, antes de que el Ejecutivo Autonómico se plantee la presentación de un recurso a la decisión del Gobierno.
El Grupo Socialista en Castilla y León, sin embargo, anunció recientemente que presentará una iniciativa con el fin de que la ecotasa de la Junta no se vea reflejada en un incremento en la factura de la luz a los consumidores. El partido calificó el decreto estatal de injusto por gravar tanto la energía consumida como la generada, cuando la Comunidad únicamente utiliza un 40 por ciento de lo que produce, y afirmó que la medida resta autonomía a las comunidades.
Santiago-Juárez, ha puesto en tela de juicio que el PSOE vaya a recurrir a la normativa y ha alegado que el objetivo de las medidas es lograr la reducción del déficit y el cumplimiento de los decretos del Gobierno.
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