Aborto legal, libre, seguro y gratuito. Estas viejas consignas de los 70 y principios de 80 vuelven a estar de actualidad, pues son lemas por los derechos sexuales y reproductivos que han lanzado los actores, cantantes o periodistas hoy contra la reforma de la ley del aborto que esta preparando el Gobierno de Mariano Rajoy. Actrices de la talla de Aitana Sánchez-Gijón, Natalia Dicenta, Ingrid Rubio o María Barranco; cantantes como Miguel Ríos, Martirio o Ana Belén; políticas como Uxue Barcos, Gaspar Llamazares (IU) o Elena Valenciano (PSOE) o escritoras y periodistas como Pepa Bueno, Julia Otero, Almudena Grandes o Luis García Montero han prestado su imagen y su voz a un vídeo con el que la que la plataforma Decidir nos hace libres exige al Partido Popular que mantenga la actual ley de salud sexual y reproductiva y no provoque retrocesos sociales.
¿Quiénes son las mujeres que abortan? ¿A quiénes afectará el endurecimiento de la ley actual anunciado por el Ejecutivo? “Son adolescentes. Adultas. Usaron métodos anticonceptivos. O no. Están casadas, solteras, viudas. Están solas, acompañadas. Tuvieron educación sexual. O jamás hablaron de sexo con nadie”, van desgranando estos 53 rostros conocidos en el vídeo de la campaña. No hay un perfil tipo de la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo. En 2011 fueron tan sólo 118.000, o, lo que es lo mismo, una de cada 12 mujeres en edad reproductiva. Mujeres que, con la ley aprobada por el PSOE, pudieron decidir libremente entre su maternidad o interrumpir su embarazo de manera segura, amparadas por la ley. De hecho, casi el 90% no tuvo ni que alegar ningún motivo para hacerlo –como permite la actual ley de plazos- porque solicitaron la intervención antes de la semana 14 de gestación, algo que no se podrá decir si se aprueba la reforma de Gallardón que vuelve a instaurar los supuestos.
“Yo aborté en 1985. Lo hice en Londres porque la ley de mi país no me amparaba. Pude hacerlo porque tenía los medios para pagarlo, otras no pudieron”, dice Natalia Dicenta durante la presentación del vídeo en el Ateneo de Madrid. Una presentación a la que han acudidola portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, el diputado de IU Gaspar Llamazares o la actriz Pilar Bardem, es decir, personajes socialmente relevantes pero de izquierdas.
“Este Gobierno está dando carnaza a sus electores” para disipar el debate sobre la crisis económica, ha criticado la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. “Y las mujeres somos de nuevo paganas de ello”, ha recalcado Fontecha, que acusó al Gobierno de Rajoy y más concretamente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón –cuyo departamento prepara la nueva ley- de emprender una “reforma misógina, machista, clasista y moralista”.
Isabel Serrano, ginecóloga y una de las portavoces, junto con la filósofa Alicia Miyares, de la plataforma Decidir nos hace libres –en la que se agrupan 250 asociaciones de todo tipo, desde organizaciones de mujeres a sindicatos, entidades de profesionales sanitarios o sociales-, ha alertado sobre el retroceso de endurecer la ley del aborto para volver a un sistema único de supuestos, en el que la mujer tenga que volver a solicitar el permiso del médico para abortar y en el que, además, desaparezca, tal y como parece haber anunciado el ministro Gallardón, la indicación de aborto por anomalía fetal. Un viaje al pasado, ha recalcado, que desprotegerá a las mujeres y a los profesionales sanitarios de las clínicas que las atienden.
“Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad”, concluye este vídeo. Demandas de hace 30 años que aparecen como consecuencia de una reforma que despide aromas del pasado.
Responde Gallardón
Sin embargo, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura este jueves que la reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo contemplará "las situaciones difíciles a las que se enfrenta la mujer en los casos de malformaciones" y es que el titular de la cartera de Justicia ha insistido en que los supuestos en los que esté prevista la interrupción voluntaria del embarazo están aún en "estudio" al estar la reforma aún en fase de elaboración, pero ha expresado también la necesidad de adecuar la actúal legislación a los convenios internacionales como la Convención de Naciones Unidas de protección de los derechos de personas con discapacidad.
"En el ministerio estamos esperando a ver cuál debe ser la redacción adecuada de nuestra legislación para que no se vulneren esos acuerdos internacionales, pero será una ley que resolverá la situaciones difíciles a la que se enfrenta la mujer en caso de una malformación", ha indicado Gallardón en una entrevista en Onda Cero.
De este modo, el ministro concreta lo que ya apuntase el martes en el Senado, cuando dejara caer que este tipo de situaciones quedarían recogidas en la norma como se ha hecho hasta ahora. Fue al responder a la portavoz de la Entesa Mónica Almiñana, quien denunció el "gran sufrimiento tanto para el nacido como para los padres" que genera este tipo de enfermedades y afirmó que Gallardón no podía "obligar a convivir a miles de personas con la enfermedad y el sufrimiento o con la muerte prematura de los hijos", mucho menos si encima recortan en ayudas a las familias que tienen discapacitados.
"No magnifique, no haga caricatura y no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que, naturalmente, nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas (sobre derechos de las personas con discapacidad) y que naturalmente, la legislación contemplará como ha contemplado siempre", respondió entonces a la senadora.
Por otra parte, el ministro ha rechazado, una vez más, las acusaciones del PSOE que califican de "regresiva" la reforma de la ley vigente desde 2010. Para Gallardón "la regresión es abandonar la doctrina del Tribunal Constitucional, volver a sus criterios es progresar (...) porque éste ponderó de forma ecuánime cuál debe ser la respuesta del legislador ante un conflicto del derecho de la mujer con el derecho del no nacido", en vista de lo cual, para Ruiz-Galladón "una libertad absoluta" de abortar hasta la 14 semana de gestación "es contraria" a la doctrina del Constitucional que defiende el derecho de los no nacidos.
Y ante la pregunta de si reformaría la ley aprobada por el Gobierno de Felipe González en caso de no haberse producido la modificación de 2010, Gallardón ha recordado que el PP "gobernó ocho años en España y la ley de 1985 no se modificó", porque según él, la legislación de entonces era una "ley que no satisfacía a nadie pero significaba un espacio de encuentro en un tema muy sensible y doloroso como es este" y ha vuelto a reiterar que el objetivo del Gobierno con la reforma es que "por primera vez en España ninguna mujer vaya a tener un reproche penal por practicar el aborto".
En cuanto a la contestación social que ha generado el anuncio de la reforma, Gallardón ha recordado que el PP anunció en 2010 su voluntad de cambiar la ley y presentó un recurso de inconstitucionalidad. "En la campaña electoral éste fue un tema utilizado por el PSOE y los ciudadanos españoles dijeron que el PP tenía que gobernar", ha añadido.
El Ministro de Justicia ha respondido también a las críticas por la falta de ayuda de las familias con niños discapacitados. En este sentido, ha admitido que "el gobierno debe esforzarse" por garantizar estas ayudas y ha asegurado que "si hay una partida que en época de crisis no vamos a disminuir son las que afectan a la discapacidad".
Ha puntualizado, no obstante, que los derechos de las personas con discapacidad deben defenderse "no solo desde el momento de su nacimiento sino desde el momento de su concepción".
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