El Ministerio de Consumo prepara una ley para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, los conocidos 902, como medida de “justicia social” para poner fin a un “abuso generalizado” y “agravado” en el contexto de la pandemia por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad que esta ha impuesto.
