El déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Entidades Locales, se ha situado en el 1,89% del PIB durante el primer semestre de 2026. El déficit del Estado alcanzó el 2,50% del PIB a finales de julio, con una necesidad de financiación de 44.539 millones. Las Comunidades Autónomas registraron un déficit del 0,97% hasta junio, mientras que los Fondos de la Seguridad Social experimentaron un notable superávit del 66,5%. Los recursos no financieros del Estado crecieron un 11%, impulsados principalmente por un aumento en la recaudación tributaria. Estos datos reflejan un contexto económico en evolución y resaltan la importancia de la gestión fiscal en el país.
La deuda global aumentó, en el primer trimestre de 2026, en más de USD 4,4 billones hasta alcanzar el récord histórico de casi USD 353 billones, según datos del Institute of International Finance (IIF). Este ritmo es el mayor desde el segundo trimestre de 2025. De todos modos, la relación deuda global/PIB se mantuvo estable en la friolera del 305% desde principios de 2023, lo que demuestra que lo que están haciendo algunos bancos centrales es licuar los pasivos con inflación y/o endeudarse para pagar los intereses, de manera alto irresponsable, por cierto.
El déficit del Estado español a finales de septiembre de 2025 se ha situado en el 1,91% del PIB, lo que representa una disminución del 10,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el Ministerio de Hacienda, este resultado se ha visto afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 y se traduce en un déficit de 32.024 millones de euros. Los recursos no financieros del Estado han aumentado un 8,6%, alcanzando los 223.294 millones, impulsados principalmente por un incremento del 10% en los impuestos. Además, las transferencias entre administraciones públicas han crecido un 4,7%, destacando el aumento en las subvenciones y gastos sociales. Este panorama refleja una mejora en la gestión fiscal y un esfuerzo por reducir el déficit público en España.
Analicemos un poco nuestra realidad
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Por Alejandro A. Tagliavini
Como he señalado más de una vez, la econometría no tiene valor científico. Para empezar, cada cual realiza estas estadísticas y cálculos matemáticos, como el PIB, según sus criterios. De modo que, en el mejor de los casos pueden dibujar una tendencia con fines periodísticos.
En 2024, el gasto sanitario público en España alcanzó los 101.739 millones de euros, representando el 6,4% del PIB, según datos del Ministerio de Sanidad. Esta cifra refleja un incremento del 4,2% respecto al año anterior. La mayor parte del gasto se destinó a la remuneración de trabajadores del sector, que absorbió el 44,8% del total. Las comunidades autónomas fueron responsables del 93,6% del gasto, con Cataluña, Andalucía y Madrid concentrando el 45,7%. Aragón lideró el crecimiento con un aumento del 10,2%, mientras que el País Vasco destacó por su gasto per cápita más alto. Estos datos subrayan la importancia de las administraciones regionales en la gestión sanitaria y la necesidad de una planificación eficiente para mantener la calidad del sistema de salud.
Un discurso triunfal de Sánchez, aunque la realidad económica está repleta de sombras.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este miércoles que el PIB cayó un 17,8% en el segundo trimestre respecto al primero en términos de volumen, menos respecto al dato adelantado de caída del 18,5%. Se trata de una caída histórica y el segundo retroceso consecutivo, con lo que la economía española entró en recesión técnica.
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