El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática considera que la respuesta de la ONU supone "un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos", ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de "concordia" en Castilla y León y Comunitat Valenciana.
