El Juzgado de Instrucción nº 1 de Ávila ha admitido a trámite la denuncia del fiscal por la que desde la Junta se acusa a Urbasa Global, propietaria de Elgorriaga, de un posible delito de estafa por lo que la empresa abulense queda en manos de dos administradores judiciales.
La decisión judicial se produce sólo un día después de que un gran número de trabajadores, convocados por el Comité de Empresa, se manifestarán a la puerta de los juzgados pidiendo una solución a los problemas de impagos que están sufriendo “a pesar de la productividad de la fábrica” y supone la apertura de un procedimiento penal que comenzará el 12 de septiembre, cuando tendrá que declarar el presidente de Urbasa Global, José Andrés Fernández.
A partir de este momento, la función de los administradores judiciales será la de asumir las decisiones que se tomen en la fábrica, apartando de sus funciones de administrador de forma provisional a la empresa vasca, al menos hasta que se resuelva el procedimiento penal. Por ello, según han informado, se trabajará en garantizar el suministro de materia prima por parte de los proveedores para que no pare el proceso industrial.
En cuanto a los trabajadores, se han comprometido a abonar la media nómina que tienen pendiente del pasado mes de mayo antes de que finalice el mes de julio, y se abonarán las correspondientes a los meses de junio y julio una vez se estudie la situación de la empresa, sin la necesidad de recurrir al préstamo de 2,4 millones de euros que la Junta de Castilla y León les había concedido, pero que fue parcialmente bloqueado desde el momento en el que se interpuso la denuncia por parte de la administración regional.