La cantidad acordada es de 500.000 euros que tanto el ayuntamiento como el PSOE deberán aportar.
El fallo judicial, que ha dado a conocer el Grupo Municipal Socialista, considera que el Consistorio podría llegar a la quiebra. Por ello, tanto el ayuntamiento como el Partido Socialista deberán hacerse cargo de que esto no suceda.
Según el portavoz socialista, Óscar Tapia, la sentencia ha establecido esa cantidad por daños y prejuicios, que podrían haber sido causados por una nulidad de la licencia urbanística que previamente, en concreto en el año 2007, le había concedido el Consistorio, cuyo gobierno local era el PP en funciones.
Por ello, Tapia ha solicitado al Equipo de Gobierno, también del PP, a "negociar con el promotor" una solución que "no perjudique el interés general de los vecinos"