El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley con 30 millones de euros en ayudas y anticipos para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo): 15 millones para ayudas urgentes y otros 15 para anticipos del seguro. Las prestaciones serán compatibles con las indemnizaciones obligatorias y estarán exentas de tributación. El decreto también contempla protección especial por incapacidad laboral y oficinas de atención integral a las personas afectadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). La norma moviliza 30 millones de euros para acelerar el acceso a las ayudas y evitar las esperas de los procedimientos ordinarios de los seguros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó la medida tras la reunión del Consejo. El real decreto-ley establece ayudas inmediatas y anticipa parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil, como complemento a los mecanismos vigentes, que reconocen a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares el derecho a una asistencia integral.
Las ayudas complementan los planes, seguros y coberturas previstos por ley y son compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Estarán exentas de tributación, por lo que se percibirán íntegramente.
De los 30 millones de euros movilizados, 15 millones se destinarán a ayudas urgentes y otros 15 millones a anticipos. En caso de fallecimiento, corresponderá una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida y la misma cantidad como anticipo del seguro.
Para las lesiones corporales, los importes se establecen según su gravedad: desde algo más de 2.404 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en los de máxima gravedad. Las cuantías serán las mismas para el anticipo del seguro.
Las personas trabajadoras afectadas tendrán una protección especial de la Seguridad Social. Las bajas por incapacidad temporal derivadas del accidente se considerarán excepcionalmente accidente de trabajo a efectos de la prestación económica: esta se cobrará desde el primer día de baja, en lugar de desde el cuarto, y será del 75% de la base reguladora, frente al 60% correspondiente a una baja por contingencias comunes.
Las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y la prestación económica por incapacidad permanente parcial derivadas del accidente se calcularán como prestaciones derivadas de accidente de trabajo cuando ese criterio resulte más favorable para las personas beneficiarias.
Quienes estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado y, a consecuencia del accidente, tengan derecho a una pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de sus padres podrán recibir una pensión de mayor cuantía. Se aplicará el régimen de pensiones extraordinarias si es más beneficioso para la persona beneficiaria.
Esta protección se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud, y tendrá efectos retroactivos, incluso si la baja o la pensión ya se hubiera extinguido o reconocido.
El Gobierno creará Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Estas oficinas, junto con el resto de las oficinas de atención a la ciudadanía de esas delegaciones y subdelegaciones, ayudarán a las personas afectadas a solicitar y tramitar las ayudas y los anticipos.
Quienes no puedan desplazarse a una oficina podrán recibir atención en su domicilio, en cualquier lugar del territorio nacional, por parte del personal de las Subdelegaciones del Gobierno, mediante el programa La Administración Cerca de Ti del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El real decreto-ley también limita los precios de los transportes alternativos al tren mientras esté cortada la línea de Alta Velocidad Madrid- Andalucía, así como los de los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados.
La medida busca evitar que las consecuencias del accidente se agraven por subidas de precios que dificulten el acceso a bienes y servicios necesarios. Para ello, establece una limitación temporal de los precios máximos mientras esté vigente una situación de emergencia que altere significativamente la oferta y la demanda de un mercado concreto, con el propósito de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía.
El precio máximo se fijará tomando como referencia el aplicable en un período anterior, con un criterio objetivo y verificable, para evitar incrementos que puedan perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Importe total movilizado | 30 millones de euros: 15 millones para ayudas urgentes y 15 millones para anticipos del seguro. |
| Fallecimiento | Algo más de 72.121 euros de ayuda directa por persona fallecida y la misma cantidad como anticipo del seguro. |
| Lesiones corporales | Las ayudas van desde algo más de 2.404 euros, en los casos de menor entidad, hasta más de 84.141 euros, en los de máxima gravedad. Los importes son los mismos para los anticipos del seguro. |
| Prestación por incapacidad temporal | 75 % de la base reguladora, frente al 60 % correspondiente a una baja por contingencias comunes. La prestación se percibe desde el primer día de baja, en lugar de a partir del cuarto. |
El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que moviliza 30 millones de euros: 15 millones para ayudas urgentes y otros 15 millones para anticipos del seguro de responsabilidad civil.
En caso de fallecimiento, se prevé una ayuda directa de algo más de 72.121 euros y un anticipo del seguro por la misma cantidad. Para lesiones, los importes de cada concepto van desde algo más de 2.404 euros hasta más de 84.141 euros, según la gravedad.
Sí. Son compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil y estarán exentas de tributación.
Con carácter excepcional, tendrán la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica: esta se percibirá desde el primer día de baja y será del 75% de la base reguladora, en lugar del 60% previsto para una baja por contingencias comunes.
Las Oficinas de Atención Integral se desplegarán a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Si una persona afectada no puede desplazarse, podrá ser atendida en su domicilio, en cualquier lugar del territorio nacional.
El real decreto ley prevé limitar los precios de los transportes alternativos al tren mientras esté cortada la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía y de los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados.