El Ministerio de Política Territorial desestimó el requerimiento previo de Ceuta y señaló que las actuaciones estatales estaban iniciadas y en curso. Entre el 10 de agosto y el 20 de octubre, más de 12.700 personas retornaron a Marruecos; además, los grandes asentamientos del litoral fueron desalojados. El Gobierno también detalló 88 millones de euros de apoyo para la atención de menores: 25 millones acordados para financiar la acogida en 2026 y 63 millones previstos en un real decreto-ley aprobado el 1 de septiembre.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido al requerimiento previo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, presentó en septiembre sobre la actuación de la Administración General del Estado (AGE) tras los hechos del 30 y 31 de julio.
El Ministerio señala que, aunque la falta de respuesta del Gobierno de España se consideraría desestimatoria, ha remitido una resolución a la ciudad autónoma. En ella rechaza que exista la inactividad denunciada por el presidente ceutí y afirma que las actuaciones reclamadas están iniciadas y en curso, y que han reducido drásticamente la presión inicial y mantenido el orden público.
La resolución añade que la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, aprobada por el Gobierno, permitió establecer una estructura de coordinación reforzada y articular una respuesta integral de la AGE. El Ministerio considera que esta declaración demuestra que los servicios dependientes del Gobierno de España no han permanecido inactivos.
El Ministerio desestima el requerimiento y comunica a la ciudad las medidas adoptadas por los departamentos ministeriales y organismos estatales. Según la resolución, entre el 10 de agosto y el 20 de octubre retornaron a Marruecos más de 12.700 personas; la mayoría de los migrantes adultos que permanecen en Ceuta está en recursos habilitados por la AGE. También se han desalojado por completo los grandes asentamientos del litoral de Trampolín, Benítez y Guano, mientras continúan las actuaciones en espacios dispersos de zonas urbanas.
Desde comienzos de agosto, la AGE buscó disponer de espacios acotados acordados con la ciudad autónoma. Entre ellos estaban las parcelas del puerto, incluidas en el ofrecimiento inicial de la ciudad, cuya puesta en marcha se retrasó por dificultades planteadas posteriormente por la Autoridad Portuaria.
El Gobierno sostiene que habilitar esos espacios, que actualmente cuentan con más de 7.400 plazas, y desmantelar los grandes asentamientos han sido medidas que han favorecido un mayor volumen de retornos de personas adultas. La resolución también detalla medidas para reforzar la seguridad, habilitar espacios reglados, aumentar los medios destinados a filiaciones y triajes y agilizar los expedientes.
El Gobierno recuerda que la respuesta a la crisis migratoria debe respetar las garantías legales. Sobre la petición de resolver en un mes todos los expedientes de expulsión, devolución o retorno y las solicitudes de protección internacional, el Ministerio indica que su tramitación debe ajustarse a los plazos, trámites y garantías establecidos en la normativa española y europea.
La resolución señala que cada procedimiento requiere una valoración individualizada y que no corresponde imponer un plazo general que prevalezca sobre el previsto en la legislación aplicable.
El Ministerio explica que las personas retornadas a Marruecos hasta la fecha son mayores de edad y que su competencia corresponde a la AGE. La atención ordinaria a los menores de edad no acompañados compete a la ciudad autónoma. Según la respuesta, ninguno de ellos había podido ser reagrupado en Marruecos hasta la fecha del documento.
El escrito repasa las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes para atender a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y el apoyo prestado a Ceuta. Además de la colaboración permanente con los servicios de la ciudad, el Gobierno cifra en 88 millones de euros el apoyo adicional para la atención de menores.
En el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia del 27 de agosto se acordó un crédito de 25 millones de euros para financiar en 2026 la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Ceuta.
A esa partida se suman los 63 millones de euros de apoyo directo a la ciudad para la atención de menores contemplados en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Carácter Social y Económico, aprobado el 1 de septiembre. De ese importe, el decreto ley incluye 2 millones de euros para que la ciudad autónoma contrate a los representantes del menor, una figura prevista en la nueva normativa europea para los procedimientos relacionados con menores.
| Cifra | Detalle |
|---|---|
| Más de 12.700 personas | Retornaron a Marruecos entre el 10 de agosto y el 20 de octubre. |
| Más de 7.400 plazas | Capacidad actual de los espacios habilitados. |
| 88 millones de euros | Apoyo adicional para la atención de menores. |
| 25 millones de euros | Crédito acordado para financiar en 2026 la acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta. |
| 63 millones de euros | Apoyo directo a Ceuta para la atención de menores, contemplado en el real decreto-ley aprobado el 1 de septiembre. |
| 2 millones de euros | Incluidos en los 63 millones para contratar representantes de los menores. |
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desestimó el requerimiento previo del presidente de Ceuta. La resolución sostiene que las actuaciones reclamadas ya estaban iniciadas y en curso, por lo que no existía la inactividad alegada.
Según la resolución, más de 12.700 personas retornaron a Marruecos durante ese periodo. El texto indica que eran personas adultas.
La resolución detalla medidas de refuerzo de la seguridad, habilitación de espacios, triajes y agilización de expedientes. También señala que los grandes asentamientos del litoral de Trampolín, Benítez y Guano fueron desalojados, y que continuaban las actuaciones en espacios dispersos de zonas urbanas.
El Ministerio indica que esos procedimientos deben ajustarse a los plazos, trámites y garantías de la normativa española y europea, y requieren una valoración individualizada. Por ello, considera que no procede imponer un plazo general que prevalezca sobre el establecido legalmente.
La respuesta cifra en 88 millones de euros el apoyo adicional: 25 millones acordados para financiar en 2026 la acogida en Ceuta y 63 millones de apoyo directo contemplados en un real decreto-ley aprobado el 1 de septiembre.