La Junta de Castilla y León implementará nuevas medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y fortalecer los servicios a la ciudadanía. Entre las iniciativas destacan la aprobación de una nueva Ley de Función Pública, la reclasificación profesional del personal laboral, la actualización de relaciones de puestos de trabajo y la negociación de un nuevo convenio colectivo. Además, se busca modernizar la administración mediante una Estrategia de Ordenación de Recursos Humanos, fomentar la formación continua y promover la igualdad en el empleo público. El objetivo es contar con una administración eficiente y comprometida con sus empleados.
La Junta de Castilla y León ha delineado un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y fortalecer los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la aprobación de una nueva Ley de Función Pública para el personal funcionario, así como la reclasificación profesional del personal laboral, que incluirá la actualización de sus relaciones de puestos de trabajo y la negociación de un nuevo convenio colectivo.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se reunió recientemente con representantes de organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, incluyendo a CSIF, UGT, TISCYL y CCOO. El objetivo del encuentro fue presentar las líneas estratégicas en materia de Función Pública para esta legislatura.
Durante la reunión, González Gago enfatizó que los empleados públicos son esenciales para el funcionamiento cotidiano de la Administración y para asegurar que los servicios públicos se brinden con calidad en toda la región. Reiteró el compromiso del Gobierno autonómico por avanzar en estas medidas a través del diálogo constante y la negociación con los sindicatos.
La Junta tiene como meta actualizar el modelo de Función Pública para responder a los desafíos actuales y futuros. En este contexto, se prevé la creación de una nueva Ley que regule el empleo público autonómico, adaptando así la normativa vigente a las nuevas realidades legales y administrativas.
Además, se llevará a cabo un proceso significativo de reclasificación profesional del personal laboral, lo que implicará mejoras salariales. Este proceso es ambicioso debido a su alcance y complejidad, dado el diverso espectro de titulaciones y funciones dentro de la Junta. Se busca dar continuidad al proceso iniciado anteriormente con la integración de colectivos profesionales.
Asimismo, se actualizarán las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral, alineándolas con las necesidades actuales del servicio público. Esta acción ya fue implementada para el personal funcionario en legislaturas anteriores. También se negociará un nuevo convenio colectivo que permita modernizar las condiciones laborales del personal.
Aparte de estas acciones clave, la Junta está comprometida con una serie de iniciativas destinadas a optimizar la organización interna y fomentar el desarrollo profesional entre sus empleados. Esto incluye la elaboración de una Estrategia para Ordenar los Recursos Humanos que planifique las necesidades futuras en términos de personal.
Desde la Escuela de Administración Pública se potenciará la formación continua como herramienta esencial para mantener actualizadas las competencias del personal. Además, se impulsará una evaluación del desempeño que sirva como mecanismo para mejorar tanto organizativamente como en términos profesionales.
González Gago también mencionó que se avanzará en un nuevo Plan de Igualdad enfocado en garantizar equidad entre hombres y mujeres dentro del empleo público. Se buscará prevenir cualquier forma de discriminación y promover un entorno laboral donde prevalezcan las oportunidades igualitarias.
Las mejoras en las condiciones laborales también incluirán medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral, así como regulaciones sobre desconexión digital. Se mantendrán incentivos para cubrir puestos difíciles especialmente en áreas rurales y se fomentará la inclusión plena de personas con discapacidad en el ámbito público.
En conclusión, González Gago afirmó que el objetivo es construir una Administración moderna y eficiente, pero también accesible y comprometida con quienes hacen posible cada día el funcionamiento efectivo de los servicios públicos. Todas estas medidas serán desarrolladas bajo un marco continuo de diálogo con los representantes sindicales.
La Junta impulsará la aprobación de una nueva Ley de Función Pública para el personal funcionario, y realizará la reclasificación profesional, actualización de relaciones de puestos de trabajo y negociación de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral.
El objetivo es modernizar y adaptar el modelo de Función Pública a los retos actuales y futuros, ordenando la organización del empleo público autonómico y adaptando la normativa vigente a cambios legales y necesidades de gestión.
Se busca llevar a cabo una mejora retributiva y adecuar las funciones y categorías profesionales existentes en la Administración, continuando un proceso iniciado en la legislatura anterior.
Se reforzará la formación continua mediante la Escuela de Administración Pública y se impulsará la evaluación del desempeño como herramienta para mejorar la organización y carrera profesional.
Se negociará un nuevo Plan de Igualdad que promueva la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, prevenga discriminaciones, y fomente un entorno laboral basado en igualdad de oportunidades.
Se implementarán medidas para favorecer la conciliación, como el derecho a desconexión digital, mejoras en salud laboral, incentivos para puestos difíciles, y plena inclusión de personas con discapacidad.