Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la importancia de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda durante su intervención en el Consejo Económico y Social de España. Subrayó que sin mediciones precisas no se pueden evaluar ni corregir las políticas públicas relacionadas con este derecho. Rodríguez afirmó que España ha enfrentado crisis recurrentes en vivienda debido a la falta de atención adecuada a este derecho constitucional. Además, mencionó los esfuerzos del Gobierno desde 2018 para abordar el problema, incluyendo la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia y la creación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. También solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, enfatizando la necesidad de un análisis riguroso en el debate público sobre este tema.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se dirigió a los medios de comunicación antes de participar en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de España. Durante su intervención, destacó la crucial importancia de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda para asegurar la eficacia de las políticas públicas.
Rodríguez subrayó que "no se puede gobernar lo que no se mide; no se puede evaluar lo que no se registra; no se puede corregir lo que no se conoce". Este enfoque, según la ministra, es fundamental para abordar el persistente problema habitacional en España.
La titular de Vivienda señaló que el país ha enfrentado crisis recurrentes en este sector debido a que, a diferencia de otros derechos sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado adecuadamente. “Si tenemos claros los objetivos y unimos esfuerzos, estoy convencida de que lograremos garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas y todos”, afirmó.
Isabel Rodríguez enfatizó el compromiso del Gobierno para resolver esta problemática tanto en el presente como en el futuro. Desde 2018, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha movilizado un presupuesto récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia española. Esta ley pone fin a 45 años sin desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española.
La creación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana hace dos años ha permitido desplegar toda la regulación necesaria y activar recursos estatales en favor del derecho a la vivienda. “Hemos impulsado un cambio fundamental: defender que los derechos deben ser garantizados desde lo público. No podemos delegar su cumplimiento exclusivamente al crédito privado o a iniciativas privadas”, concluyó Rodríguez.
En su búsqueda por mayor transparencia en el sector, Rodríguez anunció que el Ministerio ha solicitado al CES un informe monográfico sobre política de vivienda y su impacto económico y social. Este informe debe ser “analítico, estructural y propositivo”.
La ministra justificó esta necesidad argumentando que “la vivienda requiere algo que hoy escasea en el debate público: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de generar consensos”.
Isabel Rodríguez subraya que los datos fiables son esenciales para garantizar la eficacia de las políticas públicas en el sector de la vivienda. Ella afirma que "no se puede gobernar lo que no se mide", lo que implica que un buen registro y análisis de datos son fundamentales para evaluar y corregir problemas en este ámbito.
La ministra ha indicado que España ha enfrentado crisis recurrentes de vivienda y que el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado adecuadamente hasta ahora. Ella cree que, con objetivos claros y esfuerzos conjuntos, se puede garantizar el derecho a una vivienda digna para todos.
Desde 2018, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, se han movilizado presupuestos récord y se ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, buscando desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la vivienda.
El ministerio ha solicitado un informe monográfico sobre la política de vivienda y su impacto económico y social, con un enfoque analítico, estructural y propositivo, para fomentar un debate riguroso y alcanzar acuerdos en este tema crucial.