El Consejo de Ministros ha decidido extender hasta finales de 2026 la protección para consumidores domésticos vulnerables en el ámbito energético. Esto incluye la garantía de suministros básicos y la continuidad del bono social eléctrico, que ofrece descuentos significativos en la factura de la luz. La prohibición de interrumpir los suministros de energía y agua para estos consumidores se mantendrá, así como los descuentos del bono social eléctrico, que serán del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. Además, se destaca la existencia del bono social térmico para ayudar con gastos de calefacción y agua caliente. Los beneficiarios deben cumplir ciertos criterios económicos y pueden solicitar estas ayudas a través de Comercializadores de Referencia.
El Consejo de Ministros ha tomado la decisión de extender hasta finales de 2026 la protección para los consumidores domésticos vulnerables, abarcando dos aspectos clave: la garantía de suministros básicos y el bono social eléctrico, que ofrece un descuento en la factura de la luz. Esta medida debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre, entrando en vigor al día siguiente.
La prohibición de interrumpir los suministros básicos de energía y agua a consumidores considerados vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida se implementó inicialmente en 2021 y busca proteger a las familias más desfavorecidas.
El Gobierno ha decidido mantener la excepcionalidad del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y vulnerables severos, una medida reforzada como respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania. Los descuentos en las facturas eléctricas, que originalmente eran del 25% y 40% para estos grupos, se incrementaron temporalmente hasta un 65% y un 80%, respectivamente, aunque posteriormente se inició una reducción gradual.
A pesar de que los precios energéticos han mostrado cierta moderación desde la crisis de 2021-2022, muchas familias aún enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades energéticas. En 2025, más de 1,7 millones de personas se beneficiaron del bono social eléctrico, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por ello, se ha considerado necesario extender estos descuentos hasta que entre en vigor la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que abarcará el período 2026-2030.
Con esta prórroga, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, los consumidores vulnerables recibirán un descuento del 42,5%, mientras que aquellos clasificados como vulnerables severos tendrán un descuento del 57,5%. Además, los consumidores en riesgo de exclusión social no deberán hacer frente a su factura eléctrica.
Para acceder al bono social eléctrico es necesario realizar la solicitud ante un Comercializador de Referencia (COR). Esta solicitud puede enviarse mediante una oficina (si están disponibles), por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal. Más detalles sobre este proceso están disponibles en la página oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Aparte del bono social eléctrico, existe también el bono social térmico, diseñado para ayudar a mitigar la pobreza energética relacionada con calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Este programa proporciona transferencias anuales financiadas por los Presupuestos Generales del Estado y es compatible con otras ayudas que puedan recibir los beneficiarios.
La cantidad otorgada varía según la zona climática donde resida el consumidor vulnerable y su grado de vulnerabilidad. La gestión y pago corresponden a las comunidades autónomas. Para beneficiarse del bono social térmico durante un año solo es necesario haber sido beneficiario del bono social eléctrico al finalizar el año anterior; no es necesaria una nueva solicitud.
La definición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social está estipulada en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017.
Un consumidor vulnerable es aquel titular de un punto de suministro eléctrico en su residencia habitual acogido al precio voluntario para pequeños consumidores (PVPC) que cumple alguno de los siguientes requisitos:
Para calificar como vulnerable severo, generalmente se requiere tener una renta anual igual o inferior al 50% del umbral establecido para consumidores vulnerables. Por otro lado, un consumidor es considerado en riesgo de exclusión social si cumple con los criterios anteriores y recibe atención por parte servicios sociales que financien al menos el 50% de su factura energética.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Descuento para consumidor vulnerable | 42.5% |
| Descuento para consumidor vulnerable severo | 57.5% |
| Número de beneficiarios del bono social eléctrico en 2025 | Más de 1.7 millones |
El Ejecutivo ha extendido un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, la prohibición establecida desde 2021 de interrumpir los suministros básicos de energía y agua a los consumidores considerados vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
El Gobierno ha prolongado la situación de excepcionalidad del bono social eléctrico destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos. Tras la nueva prórroga, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, el descuento para el consumidor vulnerable será del 42,5%, y en el caso del consumidor vulnerable severo, del 57,5%.
El bono social debe solicitarse ante un Comercializador de Referencia (COR). La solicitud puede enviarse a través de una oficina, por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal.
Sí, existe el bono social térmico, que es un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética relacionada con calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
Se considera consumidor vulnerable a quien tiene un punto de suministro eléctrico y cumple ciertos requisitos relacionados con su renta o situación familiar. Los consumidores vulnerables severos tienen ingresos aún más bajos y aquellos en riesgo de exclusión social son atendidos por servicios sociales que financian parte de su factura.