El Gobierno de España y la Iglesia católica han llegado a un acuerdo para establecer un sistema de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Este acuerdo, firmado por el ministro Félix Bolaños y líderes eclesiásticos, permitirá a las víctimas que no pueden recurrir a la vía judicial recibir reparaciones económicas y otros tipos de reconocimiento. Se creará una unidad dentro del Ministerio de la Presidencia para gestionar las solicitudes, y el Defensor del Pueblo será responsable de elaborar propuestas de reparación. Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable, para solicitar esta reparación tras la firma del convenio. Este paso busca cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reconocer el sufrimiento de las víctimas tras décadas de silencio.
El Gobierno de España y la Iglesia católica han formalizado un acuerdo histórico destinado a proporcionar una reparación integral a las víctimas de abusos sexuales ocurridos dentro de la institución religiosa. Este pacto se dirige a aquellos casos en los que ya no es viable la acción judicial debido a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de los responsables.
La firma del acuerdo tuvo lugar en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, donde estuvieron presentes el ministro Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. El ministro destacó que este avance representa un paso significativo para las víctimas tras años de silencio y encubrimiento.
El nuevo sistema será mixto, combinando esfuerzos entre la Iglesia y el Estado, e incluirá la participación activa de las víctimas. Se prevé que las reparaciones sean económicas o de otra naturaleza y estarán bajo la supervisión del Defensor del Pueblo, quien se encargará de elaborar propuestas para el reconocimiento y reparación.
En un plazo máximo de un mes se firmará un convenio entre las partes involucradas para establecer formalmente los términos del acuerdo. Las víctimas podrán iniciar su proceso ante una unidad específica dentro del Ministerio, que estará equipada con los recursos necesarios para gestionar las solicitudes y facilitar la comunicación entre todas las partes.
Una vez presentada una solicitud, esta será revisada por la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Este organismo realizará una evaluación individualizada y propondrá medidas de reparación que pueden incluir aspectos simbólicos, restaurativos o económicos según lo solicitado por cada víctima.
Las propuestas serán evaluadas por una comisión asesora dentro del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) de la Iglesia. Si ambas partes están conformes con la propuesta, esta se considerará definitiva. En caso contrario, se convocará una Comisión Mixta con representación de asociaciones de víctimas para buscar un consenso. Si persiste el desacuerdo, será la Unidad de Víctimas quien tomará la decisión final.
Las víctimas tendrán un año, prorrogable por otro más, para presentar sus solicitudes desde la firma del convenio. Asimismo, el Ministerio trabajará en modificaciones legales necesarias para aplicar exenciones fiscales a las reparaciones reconocidas.
El acuerdo establece que la Iglesia debe cumplir con las medidas reparadoras en los plazos establecidos; en caso contrario, tanto la Conferencia Episcopal como otras entidades religiosas garantizarán su ejecución.
Bolaños también expresó su gratitud hacia las asociaciones de víctimas por su persistente lucha durante décadas en busca de justicia. En abril pasado, el Gobierno aprobó un plan basado en el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. Desde entonces se ha trabajado intensamente para crear un sistema efectivo que responda a las necesidades de aquellas víctimas que no pueden recurrir a vías judiciales.
Este acuerdo no solo cumple con las recomendaciones del Defensor del Pueblo sino que también reafirma el compromiso del Gobierno español con el reconocimiento y reparación hacia quienes han sufrido estos graves abusos.
El Gobierno y la Iglesia católica han acordado un sistema de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, especialmente para aquellos casos que han prescrito o cuyos autores han fallecido.
Se creará un sistema mixto entre la Iglesia y el Estado, donde las víctimas podrán iniciar el proceso ante una unidad del Ministerio de la Presidencia. El Defensor del Pueblo será responsable de elaborar propuestas de reconocimiento y reparación.
Si hay disconformidad con las propuestas, se convocará una Comisión Mixta que incluirá a asociaciones de víctimas para deliberar. Si persiste la disconformidad, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo tomará una decisión definitiva.
Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable por otro más, para presentar sus solicitudes de reparación desde la firma del convenio.
Si la diócesis o entidad religiosa responsable no cumple con las medidas reparadoras, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.
El Defensor del Pueblo revisará cada petición individualizada y realizará propuestas de resolución y reparación que serán evaluadas por la comisión asesora de la Iglesia.