La Seguridad Social en España ha implementado más de 150 Puntos Violeta en sus oficinas, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las mujeres puedan denunciar casos de violencia de género. Con 156 puntos acreditados en todo el país, esta iniciativa busca recordar a las víctimas y proporcionar apoyo a aquellas que enfrentan situaciones de violencia machista. La ministra Elma Saiz destaca la importancia de estas oficinas como parte del compromiso del Ministerio de Inclusión para proteger a las mujeres y sus hijos, incorporando medidas específicas en diversas políticas. Además, se han introducido cambios en la legislación para facilitar la protección y asistencia a mujeres migrantes y víctimas de violencia, así como mejoras en el Ingreso Mínimo Vital para aquellas afectadas por violencia de género.
La Seguridad Social ha implementado un total de 156 puntos violeta, que se encuentran distribuidos en diversas entidades gestoras a lo largo del país, incluyendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio seguro para las mujeres que deseen denunciar situaciones de violencia machista.
La ministra Elma Saiz subrayó la importancia de esta medida al recordar a las 38 mujeres que han perdido la vida este año a causa de la violencia de género y a las 1.331 víctimas desde 2003. “Es fundamental dar un paso al frente como sociedad”, afirmó Saiz, quien espera que estos puntos sirvan como refugios para aquellas que enfrentan situaciones de abuso.
El compromiso del Ministerio de Inclusión hacia las mujeres víctimas de violencia se extiende a todas sus áreas, integrando medidas específicas en sus políticas. La inclusión de las oficinas de la Seguridad Social en la red de Puntos Violeta fue una decisión clave del Consejo Asesor de Brecha de Género, creado en julio de 2024 con el objetivo de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas ministeriales.
Las mujeres migrantes enfrentan desafíos adicionales debido a su condición. A menudo, sufren discriminación tanto durante su trayecto migratorio como en el país receptor, lo que incrementa su riesgo ante la violencia de género y dificulta su acceso a redes de apoyo. El nuevo Reglamento de Extranjería, vigente desde hace un año, aborda estas realidades mediante medidas específicas para proteger a estas mujeres.
Dicho reglamento facilita la acreditación del estatus de víctima y permite el acceso a permisos de residencia tanto para víctimas directas como para aquellas que han sufrido violencia sexual. En 2024, se otorgaron 8.129 permisos a víctimas, cifra que asciende a 6.491 en lo que va del presente año.
Además, el reglamento contempla la reagrupación familiar no solo con los hijos e hijas, sino también con los padres afectados por esta situación. Los profesionales encargados de los programas humanitarios reciben formación especializada para prevenir y responder adecuadamente ante diferentes formas de violencia contra las mujeres.
El Reglamento sobre Ciudadanía Española en el Exterior está en proceso y busca facilitar el retorno y protección de las españolas residentes fuera del país que sean víctimas de violencia. Este incluye asesoramiento sobre recursos disponibles y acceso a asistencia sanitaria cuando se demuestre falta de medios económicos.
A su vez, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, se han introducido modificaciones para flexibilizar su concesión en casos relacionados con violencia machista. Las mujeres afectadas no necesitan cumplir ciertos requisitos como edad o tiempo mínimo en una unidad convivencial si deben abandonar su hogar por motivos relacionados con abusos.
La Seguridad Social ofrece diversas ayudas económicas destinadas a víctimas directas e indirectas de delitos violentos, incluyendo aquellos relacionados con la violencia de género. Estas ayudas pueden ser solicitadas sin necesidad de demostrar precariedad económica si se trata específicamente de casos vinculados a violencia machista o sexual.
A más largo plazo, los periodos durante los cuales una trabajadora debe suspender su contrato debido a ser víctima también son considerados como cotización efectiva. Además, se reconoce el derecho a jubilación anticipada involuntaria bajo condiciones específicas relacionadas con esta problemática.
En caso del fallecimiento por violencia machista, los hijos e hijas pueden acceder a pensiones que aumentan significativamente dependiendo del contexto económico familiar. Asimismo, queda garantizado que el agresor no podrá beneficiarse nunca ni recibir pensiones vinculadas al bienestar económico derivado del fallecimiento.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 156 | Puntos violeta acreditados |
| 38 | Mujeres muertas este año como víctimas de violencia de género |
| 1,331 | Mujeres muertas desde 2003 como víctimas de violencia de género |
| 8,129 | Permisos de residencia otorgados a víctimas de violencia de género o sexual en 2024 |
| 6,491 | Permisos de residencia concedidos en lo que va de 2025 |
Los Puntos Violeta son espacios habilitados en las oficinas de atención al ciudadano de la Seguridad Social donde las mujeres pueden sentirse seguras para denunciar situaciones de violencia machista. Actualmente, hay 156 puntos distribuidos en diversas entidades gestoras.
El objetivo es proporcionar un lugar seguro para que las mujeres puedan denunciar violencias machistas y recibir apoyo, recordando la importancia de combatir la violencia de género en la sociedad.
Se han incorporado diversas políticas y medidas específicas en el Ministerio de Inclusión, como facilitar el acceso a permisos de residencia, ayudas económicas y prestaciones sociales para víctimas de violencia de género.
El Ingreso Mínimo Vital se ha flexibilizado para estas mujeres, eliminando requisitos como la edad o el tiempo de residencia legal, y considerándolas como unidades monoparentales para recibir complementos adicionales.
En caso del fallecimiento de una víctima, los hijos tienen derecho a una pensión de orfandad que puede alcanzar hasta el 118% de la base reguladora, garantizando así su protección económica.