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ÁVILA

La Audiencia Nacional acepta el recurso de la Diputación de Ávila sobre la conexión con la A-6

Redacción | Sábado 11 de octubre de 2025

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Ávila contra la decisión del Ministerio de Transportes que desestima la conexión de Ávila con la autovía A-6. Esta conexión ha sido una demanda histórica de la provincia durante casi dos décadas. El presidente de la Diputación, Carlos García, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por despreciar las necesidades de Ávila y señala que se utilizaron informes sesgados para justificar la resolución, que fue considerada como un agravio para los abulenses. La Junta de Gobierno Provincial decidió iniciar acciones judiciales tras agotar la vía administrativa. El Ministerio tiene un plazo de veinte días para presentar los expedientes relacionados con esta decisión.



La Audiencia Nacional acepta el recurso de la Diputación sobre la conexión con la A-6

La Audiencia Nacional ha dado un paso significativo al admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la DIPUTACIÓN DE ÁVILA. Este recurso se opone a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha decidido dar un ‘carpetazo’ a la conexión de Ávila con la autovía del Noroeste, la A-6. Esta situación representa una demanda histórica para la provincia, que ha estado en discusión durante casi dos décadas. El presidente de la Diputación, Carlos García, criticó esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que refleja un desprecio hacia Ávila y otras provincias similares.

En una reunión celebrada el 29 de septiembre, la Junta de Gobierno Provincial aprobó iniciar acciones legales contra el Ministerio. La resolución del ministerio fue publicada en el BOE el 27 de marzo y justificaba el rechazo a esta conexión por “falta de rentabilidad económica”. Antes de llegar a esta instancia judicial, García había solicitado formalmente al Ministerio una revisión de su decisión el 13 de junio, pero este requerimiento fue desestimado, agotando así las vías administrativas disponibles.

Defensa de los intereses abulenses

El presidente García enfatizó que este nuevo proceso judicial tiene como objetivo defender los intereses tanto de los habitantes de Ávila como de los residentes en su capital. “Confiamos en que la Justicia actúe para detener este agravio hacia Ávila”, declaró. Además, criticó al Gobierno por basar su decisión en informes que considera sesgados e incompletos. Ahora, el Ministerio tiene un plazo de veinte días para enviar al órgano judicial los expedientes administrativos relacionados con el acto impugnado.

Este desarrollo marca un capítulo importante en la lucha por mejorar las infraestructuras en Ávila y podría tener repercusiones significativas para el futuro económico y social de la provincia.

Preguntas sobre la noticia

¿Qué recurso ha admitido a trámite la Audiencia Nacional?

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación de Ávila contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que descarta la conexión de Ávila con la autovía A-6.

¿Cuál es el motivo del recurso presentado por la Diputación de Ávila?

El motivo del recurso es que el Gobierno ha dado ‘carpetazo’ a una reivindicación de casi dos décadas para conectar Ávila con la autovía A-6, lo cual se considera un agravio hacia la provincia.

¿Qué decisión tomó la Junta de Gobierno Provincial respecto al recurso?

La Junta de Gobierno Provincial acordó iniciar acciones judiciales contra la resolución del Ministerio, que considera que no hay rentabilidad económica en dicha conexión.

¿Qué argumentos presentó el presidente Carlos García sobre esta situación?

Carlos García, presidente de la Diputación, afirmó que el Gobierno usa informes sesgados e incompletos para respaldar su decisión, lo que perjudica el futuro de Ávila.

¿Cuál es el siguiente paso tras la admisión del recurso por parte de la Audiencia Nacional?

El Ministerio tiene un plazo de veinte días para remitir al órgano judicial los expedientes administrativos relacionados con el acto impugnado por la Institución provincial.

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