España y 24 países han firmado una declaración conjunta exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, destacando la urgencia de poner fin al sufrimiento de la población civil. La declaración critica la entrega de ayuda por parte del Gobierno israelí, que se considera peligrosa y deshumanizante. Se condena la muerte de civiles y se exige el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Además, se solicita la liberación de los rehenes en manos de Hamás y se rechazan propuestas de desplazamiento forzado de palestinos. Los firmantes instan a la comunidad internacional a colaborar para alcanzar una solución pacífica y duradera en la región.
Un grupo de 25 países, entre los que se encuentra España, ha emitido una declaración conjunta en la que exigen un alto el fuego inmediato en Gaza. La misiva destaca la urgencia de poner fin a la guerra, señalando que el sufrimiento de la población civil ha alcanzado niveles alarmantes.
Los firmantes critican el modelo actual de entrega de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí, al considerarlo peligroso y perjudicial para la estabilidad de la región. Además, subrayan que este enfoque priva a los gazatíes de su dignidad humana. En este contexto, condenan el goteo de asistencia y las muertes de civiles, incluidos niños, que intentan acceder a lo más básico como agua y alimentos. Según datos recientes, más de 800 palestinos han perdido la vida mientras buscaban ayuda. La negativa israelí a proporcionar asistencia humanitaria esencial es calificada como inaceptable.
La declaración también hace eco del sufrimiento de los rehenes capturados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023. Los firmantes piden su liberación inmediata e incondicional, argumentando que un alto el fuego negociado podría ser la vía más esperanzadora para traerlos de vuelta a casa y aliviar la angustia de sus familias.
Asimismo, instan al Gobierno israelí a eliminar sin demora las restricciones sobre la entrada de ayuda humanitaria y a facilitar el trabajo seguro y efectivo de organizaciones como la ONU y ONG dedicadas a salvar vidas.
Los firmantes hacen un llamado a todas las partes involucradas para que protejan a los civiles y cumplan con las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario. Rechazan categóricamente cualquier propuesta que implique trasladar a la población palestina a una "ciudad humanitaria", considerando tal desplazamiento como una violación grave del derecho internacional.
La declaración también expresa oposición firme ante medidas que busquen alterar el equilibrio territorial o demográfico en los Territorios Palestinos Ocupados. En particular, critican el plan de asentamientos E1 propuesto por Israel, que dividiría en dos al Estado palestino, lo cual representaría una violación flagrante del derecho internacional y amenazaría gravemente la solución basada en dos Estados.
A medida que se intensifica la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, junto con un aumento en la violencia contra palestinos por parte de colonos, los firmantes instan a una acción colectiva para poner fin al conflicto. Subrayan que continuar derramando sangre no es una solución viable.
Finalmente, reiteran su apoyo total a los esfuerzos realizados por Estados Unidos, Qatar y Egipto para alcanzar un alto el fuego duradero e incondicional. La declaración concluye con una disposición abierta para adoptar nuevas medidas que respalden esta causa vital hacia la seguridad y paz tanto para israelíes como para palestinos.
Esta declaración ha sido respaldada por los ministros de Asuntos Exteriores de diversas naciones incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España y otros países europeos. También cuenta con el respaldo de la comisaria europea encargada de Igualdad y Gestión de Crisis.
En su declaración, piden un alto el fuego inmediato en Gaza y condenan el sufrimiento de la población civil, así como las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí.
La declaración sostiene que este modelo es peligroso, fomenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de su dignidad humana, además de resultar en la muerte de civiles que intentan obtener ayuda.
Se condena la retención de rehenes y se solicita su liberación inmediata e incondicional, argumentando que un alto el fuego negociado podría ayudar a traerlos de vuelta a casa.
Se pide al Gobierno israelí que elimine las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y permita que la ONU y ONG realicen su misión para salvar vidas.
La declaración considera totalmente inaceptables las propuestas de trasladar a la población palestina a una "ciudad humanitaria", ya que esto constituiría una violación del derecho internacional humanitario.
Se oponen firmemente al plan, argumentando que dividiría el Estado palestino y violaría el derecho internacional, además de socavar gravemente la solución de dos Estados.
Instan a un esfuerzo común para poner fin al conflicto mediante un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, reafirmando su apoyo a los esfuerzos internacionales para lograrlo.